BUENOS AIRES, 22 Mar. (Mario Poliak) -
Ante la falta de consenso para incorporarla a un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo decidió modificar, a través de un DNU, la fórmula con la que deberán ser actualizados los haberes jubilatorios.
De esta forma, en abril, a los montos les será aplicado el Indice de Precios al Consumidor (IPC), más una cifra extra que rondará entre 12 y 14 por ciento, debido a la pérdida de poder adquisitivo por una inflación que ascendió a cerca de 70 por ciento en apenas tres meses.
El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo consideran "agotadas" las instancias políticas de negociación y, por tanto, decidieron avanzar por la vía de un DNU. Ahora, el Gobierno se expone a un posible rechazo por parte del Congreso o por la vía judicial, pero no ve otro camino que el decreto.
Hay que recordar que el Ejecutivo ya viene de dos derrotas políticas importantes: Una en Diputados, cuando se vio obligado a retirar le ley "Bases" y devolverla a comisión; la otra fue más reciente y en el Senado, que rechazó el DNU 70/23 con un contundente resultado de 40 votos a 25 y cuatro abstenciones.
Además, en el plano judicial sucedió algo similar, dado que la Cámara del Trabajo ratificó un fallo de primera instancia que suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU, a requerimiento de la CGT y la CTA.
Se especula en la Casa Rosada que el correspondiente DNU saldría mañana mismo publicado en el Boletín Oficial, bajo el siguiente formato de actualización: la ya mencionada fórmula de IPC más un porcentaje extra de 12 o 14%, lejos del 20% que exige la oposición, un número que haría tambalear el recorte fiscal diseñado por Caputo.
Asimismo, el Gobierno se vio en la premura de tomar esta decisión para que no sobrepasara la fecha de empalme del 1 de abril, ya que, de lo contrario, debería postergarse el aumento hasta junio, lo que haría insostenible la situación para los más de 8 millones de jubilados que hay en el país.
Con esta medida, el Gobierno descartó definitivamente el pedido del PRO para tratar el proyecto de María Eugenia Vidal, por el que había reclamado el jefe del bloque, Cristian Ritondo. La idea siempre fue evitar conceder la iniciativa en este tema a los aliados.
El costo fue que, a diferencia de como lo planeaba el Gobierno, la fórmula no podrá ser incorporada a la ley ómnibus, que podría llegar al recinto recién hacia fines de abril y, de aprobarse, su aplicación quedaría para mayo, con un escenario económico que aun se mantiene en los dos dígitos de inflación.