ARGENTINA, 30 May (EUROPA PRESS)
Amnistía Internacional denunció la impunidad y la falta de avance en la rendición de cuentas por la represión y la criminalización que marcaron la respuesta estatal a las manifestaciones ocurridas en 2023 en Jujuy, tras la aprobación de una reforma de la Constitución Provincial que impuso restricciones al derecho de protesta. A dos años de aquellos eventos, caracterizados por una "brutal represión", la organización publicó un informe que destaca la estrategia estatal para silenciar a quienes reclaman sus derechos.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, criticó que las autoridades no hayan ofrecido explicaciones sobre las tácticas empleadas para violar el derecho a la libertad de reunión pacífica, como el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias. La reforma constitucional, catalogada de "regresiva" en materia de Derechos Humanos y aprobada de manera exprés sin consulta previa, suscitó el rechazo masivo y reclamos por la falta de participación, especialmente de los pueblos indígenas.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló que la reforma excluyó completamente a los pueblos indígenas del debate, en un contexto de despojo territorial y discriminación estructural en la Provincia con la mayor proporción de población indígena del país. La nueva Constitución se aprobó sin su consentimiento, violando el Derecho Internacional, y se acompañó de una normativa que prohibió y dispersó violentamente las protestas, restringiendo desproporcionadamente el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
El informe destaca que la represión por parte de las fuerzas de seguridad dejó cientos de heridos, algunos con lesiones graves y permanentes, producto del uso ilegítimo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos y balas de goma. Se estima que al menos 170 personas resultaron heridas, con al menos diez afectadas por el impacto de balas de goma o cartuchos de gas lacrimógeno en la cara, tres de las cuales perdieron la visión de un ojo.
La estrategia represiva se complementó con una criminalización de las protestas, registrándose al menos 99 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, e incluyendo el uso ilícito de la fuerza contra niños y adolescentes. Piquer lamentó que aún no se haya sancionado a nadie por las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la represión y resaltó que las víctimas siguen esperando justicia. Este contexto recuerda la deuda pendiente con la sociedad jujeña, especialmente con los pueblos indígenas, en su lucha por el reconocimiento y la garantía de sus Derechos Humanos.