BUENOS AIRES 10 Jul. (Mario Poliak) -
Tal como lo había prometido el nuevo ministro Federico Sturzenegger, la desregulación del Estado comenzó por el mercado aerocomercial, a través de un decreto presidencial que liberará las tarifas y acotará la hegemonía de la aerolínea de bandera.
El decreto, firmado por Javier Milei, flexibiliza el ingreso de nuevas empresas que quieran operar en el país, sean líneas aéreas o compañías que prestan servicios en tierra. En ese contexto, se terminará el monopolio de la estatal Intercargo.
Los servicios desregulados incluirán los vuelos de cabotaje con aeronaves extranjeras y tripulación de diversa nacionalidad. En una palabra, se volverá a la política de "cielos abiertos", que intentó en su momento llevar adelante la gestión de Mauricio Macri.
El corazón de la iniciativa pasa por quitar barreras de ingreso a las nuevas empresas que quieran operar en la Argentina y desregular las tarifas y las frecuencias.
El nuevo reglamento permite el "libre acceso de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles, estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores, desregulación tarifaria, resguardo de la seguridad operacional y vigilancia operacional continua de los servicios autorizados".
También habrá "libertad en la fijación de frecuencias" sujeta a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada.
Finalmente, las intervenciones de la Administración Pública Nacional serán "limitadas y eficientes" y "tendientes exclusivamente a la preservación de los principios enunciados precedentemente y transparencia en la medición, asignación y utilización de la capacidad aeroportuaria".
Un aspecto esencial de la norma es la desregulación tarifaria, ya que deja de lado la fijación estatal del valor mínimo y máximo del pasaje. El macrismo lo hizo con el primero de ellos, lo que permitió el surgimiento de las llamadas "low cost", hasta la llegada de Alberto Fernández al gobierno.
Por otro lado, se establece que las empresas no deberán tramitar más el permiso para operar en el país.
Por ejemplo, para lograr el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA), la Administración Pública dispondrá de 15 días hábiles para expresarse; si no lo hiciera, el solicitante podrá pedir un "pronto despacho". Transcurridos cinco días más, la autoridad deberá emitirla en forma automática.
Estas decisiones pudieron ser posibles gracias a las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso, a través de la recientemente aprobada Ley Bases.
En tanto, los gremios aeronáuticos advirtieron sobre posibles medidas de fuerza, al advertir que este tipo de desregulaciones "no funciona en ningún lugar del mundo" y dejará al país "desconectado, a merced de la especulación y la rentabilidad de los monopolios".