BUENOS AIRES, 21 Sep. (Mario Poliak)
Un diputado paraguayo lamentó que su país no disponga de de "misiles" para mejorar su capacidad de negociación en el conflicto planteado por la hidrovía Paraná-Paraguay contra el que llamó "gobierno peajero" de Alberto Fernández.
Rubén Rubín, del partido de centro "Hagamos en Paraguay", propuso ante sus pares que la nación debiera armarse con misiles y aseguró que "como joven paraguayo iría a la guerra, sin duda iría por mi patria".
El impulsivo legislador de 25 años dijo que Paraguay necesita de "misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región" y advirtió que, mientras eso no ocurra, "ya arrancamos perdiendo el juego diplomático".
Se preguntó "¿de qué me sirven mejores escuelas y hospitales si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, o de defender nuestras fronteras, hidroeléctricas o acuíferos?".
Asunción protestó por el cobro de peaje que comenzó a implementar Argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay, luego de que se descubriera que muchos buques de bandera guaraní exportan granos argentinos sin declarar en el país, llevándolos desde Rosario a los puertos guaraníes, donde los impuestos son sustancialmente menores.
Ese reclamo, derivó en las recientes declaraciones del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, quien acusó, por su parte, al vecino país de cobrar una tarifa menor a Brasil por el suministro de energía sobrante de Yacyretá, y una más alta a la Argentina, pese a que ésta fue quien en gran parte financió la construcción de la represa en los años 80 y 90.
El legislador Rubín, en tanto, también se preguntó "cómo Estados Unidos les puede prestar plata (a los argentinos) para comprar aviones y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo tengamos relaciones con Taiwán, y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos".
Días antes, Rubín se había referido al tema de la hidrovía aclarando que "no es algo entre paraguayos versus argentinos", sino "entre paraguayos versus el gobierno peajero de Alberto Fernández".
Sobre ese tema, el presidente Santiago Peña anunció que pedirá un arbitraje internacional, acompañado por gobiernos de países vecinos como Brasil, Bolivia y Uruguay.
La postura argentina se fundamenta en que el país presta servicios de balizamiento, dragado, seguridad y ambientales que demandan "entre 20 y 25 millones de dólares anuales", y que la mayor parte de la flota que los utiliza es de origen paraguayo.