Rosatti y Rosenkrantz - Mario Poliak
BUENOS AIRES 3 Nov. (Mario Poliak) -
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron los cargos que se le formularon en el seno de la comisión de Juicio Político de la Cámrara de Diputados y denunciaron un "ataque frontal" del oficialismo contra la independencia del tribunal.
En tanto, los dos restantes miembros, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, optaron por no responder a las acusaciones para no darle entidad.
En sendos escritos, Rosatti y Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte, señalaron que lo que en realidad quieren los legisladores es "condicionarlos, neutralizarlos o directamente cooptar" el cuerpo y así afectar su "independencia judicial".
Para Rosenkrantz, el proceso intenta "remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal -advirtió- a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional".
Sostuvo que el propósito del juicio, pese a que es un mecanismo previsto en la Constitución, "ha sido subvertido: la rama con atribuciones para controlar (el Congreso) intentó en realidad condicionar, neutralizar o directamente cooptar a la rama controlada para, así, concentrar ella misma un poder que no le correspondía".
El juez dijo que el propósito del juicio político es apartar a los jueces de la Corte con mecanismos espurios con acusaciones que no constituyen irregularidades sino "relatos o novelas de asociación libre" con el fin de atribuirle "inescrupulosamente faltas tan graves como falsas".
Rosatti, en tanto, denunció "irregularidades" cometidas durante el proceso y afirmó que las acusaciones exhiben "disconformidad con el contenido de las sentencias".
Citó expresamente a los cambios en la coparticipación federal que afectaron a la Ciudad, las acusaciones por declaración de inconstitucionalidad de la integración anterior del Consejo de la Magistratura y el denominado "caso Muiña", que intentó aplicar el "dos por uno" en causas de lesa humanidad, en el que luego los jueces dieron marcha atrás ante la reacción social que generó.
Señaló que hubo vicios en el procedimiento que hacen inválido e ineficaz al juicio político, por lo que afectan las garantías del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, como por ejemplo los pedidos de producción de prueba y que se obtuvo información reservada, violando el secreto fiscal, de contribuyentes sin las debidas intervenciones judiciales.
"Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite", expuso Rosatti.
Señaló que el mecanismo de juicio político, se "ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró".
Rosatti advirtió por último que el procedimiento legislativo apunta al funcionamiento republicano al "condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria".