BUENOS AIRES 10 Jul. (Mario Poliak) -
El Gobierno presentará esta tarde un proyecto legislativo de "juicio en ausencia", que permitirá juzgar a los iraníes involucrados en el atentado a la AMIA, a casi 30 años de ocurrido.
Lo hará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de funcionarios relacionados con el tema, y el día 15 se realizará una "mesa de diálogo" en la Cámara de Diputados con la participación de jueces, legisladores y familiares de víctimas.
La iniciativa busca juzgar a libaneses e iraníes prófugos de la Justicia argentina por el ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual israelita en el barrio de Once, con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
Si bien hasta ahora las investigaciones no arrojaron ningún resultado concreto, Estados Unidos e Israel culparon desde un primer momento a la organización Hezbollah por el hecho.
Cristina Fernández de Kirchner, durante su presidencia, intentó firmar un memorandum de entendimiento con Irán para que jueces argentinos tomaran declaración en Teherán a posibles sospechosos, pero la idea no prosperó y ahora CFK enfrenta un juicio por presunto encubrimiento.
En abril, la Cámara Federal de Casación Penal sentenció que el ataque contra la embajada de Israel, en marzo de 1992, y la bomba que hizo explotar la AMIA dos años después, "respondieron a un designio político y estratégico" de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.
El fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de "lesa humanidad" y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.
El objetivo del proyecto es que el juicio en ausencia sea aplicable únicamente en delitos previstos por el Estatuto de Roma, como genocidios o delitos de lesa humanidad.
También los contemplados por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como los establecidos en la Convención contra la Tortura y otros tratos penales crueles, inhumanos o degradantes.
Finalmente, otros delitos graves, como financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o la trata de personas, estarán incluidos en la norma.