BUENOS AIRES, 26 Abr. (Mario Poliak) -
El Gobierno debió ceder y dejar de lado su intención de castigar los bloqueos sindicales como medida de fuerza para obtener el dictamen de la reforma laboral incorporada a la nueva Ley bases, que junto al paquete fiscal será tratado el próximo lunes en la cámara de Diputados.
Este punto forma parte de otros que también el oficialismo tuvo que resignar luego de que el diputado Miguel Pichetto, titular del bloque Hacemos Coalición Federal y hombre clave en la negociación legislativa, advirtiera que tal cual estaba redactada, la ley no sería votada por su bloque.
Precisamente, mientras se debatía en comisión este polémico artículo, el gremio de Camioneros, uno de los más importantes del país, bloqueaba una empresa, a modo de señal para que se quitara esta forma de protesta entre las limitaciones a la protesta sindical.
La normativa que quería hacer aprobar el Ejecutivo establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas, extensible a 4 años en caso de que la medida se realizara de manera simultánea en más de una dependencia industrial o comercial.
Fue el mismo Pichetto quien solicitó este nuevo recorte a la ley, con el argumento de que no había que incluir en el proyecto "nada que afecte a la CGT", como ocurrió con otros puntos del capítulo laboral de la recortada "ley ómnibus" o "Bases", como prefiere llamarla el Gobierno.
Originalmente, las penas previstas eran de 3 a 6 años, según constaban en el capítulo laboral del mega DNU 70/2023, que fue observado por la Justicia y en consecuencia no se encuentra en vigencia, como sí el resto de la norma, al menos hasta que el Congreso la rechace definitivamente.
De esta manera, los artículos que se refieren a la cuestión laboral de la Ley Bases se redujeron a 16, de los 58 con que contaba en principio. También se excluyeron otros sobre cuotas solidarias, ultra actividad de convenios colectivos, reglamentación del derecho a huelga en los servicios esenciales, como la educación, y cambios en el régimen de teletrabajo.
También la penalización a las asambleas de trabajadores en caso de comprobarse que éstas encubran medidas de fuerzas, así como la eliminación de aplicar la norma más favorable al trabajador en caso de duda y la renuncia voluntaria a derechos adquiridos.
Los que sí quedaron son la modificación de las multas por trabajo no registrado, el período de prueba y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en paritarias una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, que nunca fueron objetados por la CGT.
Pichetto no solo es un dirigente que funge como puente entre el oficialismo y la oposición moderada en el Congreso, sino que aspiraría a jugar un rol importante en la reorganización del peronismo, partido del que se alejó en 2019 para acompañar a Mauricio Macri en su fallido intento reeleccionista.
Además, se lo menciona como figura central de una eventual asamblea legislativa, ante una hipotética crisis institucional que pudiera provocar la salida del gobierno del presidente Milei.