BUENOS AIRES, 23 Abr. (Mario Poliak) -
Con el argumento de "irregularidades" halladas en trámites vinculados al cobro de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, el Gobierno dejará de pagar esos beneficios, según informó el Ministerio de Justicia.
El titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, anunció que pondrá en marcha una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, tras detectarse "irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago" de las prestaciones.
Mientras se esclarezca la situación, informó que detendrá los cobros de todas las indemnizaciones.
Según un comunicado oficial, se indicó que "Cúneo Libarona dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado".
Agregó que el Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos de irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago".
Precisó también que "la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa 'Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita', y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal".
Detalló que "en dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional".
"A su vez -agregó-, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido".
Señaló que, como consecuencia de ello, "el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado".
Según explicó el ministro a La Nación+, "más de cien personas" percibieron una suma de 150.000 dólares empleando "documentos, testigos y formularios falsos".
"Descubrimos otra maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que eran de Uruguay, que habían estado un breve lapso en la Argentina pero permanecieron detenidas en el país vecino. Sin embargo, reclaman un pago completo", acotó.
Según precisó, "en 2021, las indemnizaciones perseguidas por familiares de desaparecidos eran 7.996 casos, y de exiliados 14.400". Sobre esta última cantidad en particular, Cúneo Libarona dijo que había "mucha trampa de quién estuvo y quién no: Tengo 350 juicios actuales y se me vienen cantidad de hijos de exiliados que nacieron afuera".
"Nacieron en París, en Suecia, en Madrid y no volvieron a la Argentina. Insisten en que no pudieron tener sus lazos y yo trato de convencer a los tribunales que no está probado un perjuicio", explicó.
Finalmente, comentó que está armando "un cuerpo de auditores para revisar alrededor de 25.500 juicios que están en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Hablamos de sumas incalculables. Hay mucho justo, pero también muchísimo pecador. Hay muchísimo que está pago y falta por pagar. Y yo quiero dar con el pecador", cerró.