ARGENTINA, 7 Jul (EUROPA PRESS)
El presidente argentino, Javier Milei, declaró el lunes el cierre "definitivo" de instituciones claves en la gestión de tránsito y seguridad vial del país: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
"La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei", expresó Manuel Adorni, portavoz presidencial, marcando un contundente fin a estas estructuras acusadas de mal manejo y corrupción.
Con el cierre de la DNV, todas las responsabilidades referidas al estudio, construcción, conservación y mejoras del sistema de carreteras troncales del país pasarán a manos del Ministerio de Economía. El decreto justificó esta decisión señalando una "estructura compleja" en la DNV con actividades que "no se ajustan a las necesidades actuales de gestión", lo que derivó en una "falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional". Así, Adorni puntualizó que esta medida pone fin a "un ícono de la corrupción".
La lógica detrás de este cambio radical sugiere una mayor eficiencia y ahorro económico al trasladar funciones de mantenimiento vial al sector privado, destacando una visible diferencia de eficiencia entre la gestión estatal y la concesionada.
Para la fiscalización y control de las concesiones viales, tanto actuales como futuras, se designará a la ahora llamada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, antes conocida como Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Además, se anuncia la creación de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, resultado de una reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, con el objetivo de mejorar la investigación y la prevención en este sector.
Este conjunto de medidas insinúa un cambio profundo en la gestión de la infraestructura vial y el transporte en Argentina, buscando mayor eficiencia, transparencia y reducción de costos para el Estado.