BUENOS AIRES, 24 May. (Mario Poliak) -
La situación en Misiones tiende a empeorarse día a día. Ayer, la policía acuartelada rechazó una oferta salarial que le hizo el gobierno, en tanto fuerzas de seguridad reprimieron a docentes que también reclaman por sus sueldos, cuando estos intentaron interrumpir una sesión de la Legislatura provincial.
Los trabajadores de la educación lograron suspender la sesión legislativa luego de violentar el vallado, abulonado y soldado al piso, y tras ingresar al edificio recibieron gases lacrimógenos por parte de los uniformados.
Luego, fueron a la casa del gobernador Hugo Passalacqua, donde irrumpieron al grito de "nos estamos muriendo de hambre". Ya en horas de la noche, un escuadrón antimotines reprimió a los manifestantes con palos, gases y hasta golpes de puño, según informaron testigos.
"Nos reprimieron con gases lacrimógenos; hay docentes que fueron hospitalizados. Me estoy cagando (sic) de hambre: $257.000 es mi sueldo. Esto no da para más", esgrimió una manifestante ante los micrófonos periodísticos.
Además de los policías y docentes, otros gremios se sumaron a la protesta: por ejemplo los trabajadores de la salud, del servicio penitenciarios y del Poder Judicial. Todos cumplen un acampe con asambleas sobre la céntrica avenida Uruguay de la capital misionera, Posadas.
En cuanto a la policía, que se encuentra en virtual estado deliberativo, una asamblea rechazó la propuesta de aumento salarial de 30 por ciento efectuada por la Gobernación y se mantiene firme en el reclamo de 100% con el que, hace una semana, se plantaron ante las autoridades provinciales.
Los delegados policiales llevaron a sus compañeros la propuesta que, "como máximo esfuerzo", les hizo el gobierno provincial. No hicieron más que bajar la oferta a la asamblea para que un enfático "¡no!" la rechazara sin más trámite.
"Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio", dijo a la prensa el vocero de los policías, Ramón Amarilla.
Más temprano, el ministro de Gobierno provincial, Marcelo Pérez, aseguró que la "sublevación" de la policía provincial es "inadmisible" y amenazó con echar a los efectivos que se hayan plegado, o vayan a hacerlo, a la medida de fuerza.
"No se pueden utilizar bienes del Estado para protestar. Está fuera de la ley", argumentó el funcionario, quien recordó que fue presentada una "denuncia penal" y que la Justicia "determinará las responsabilidades". Según dijo, 28 móviles policiales "fueron robados y están siendo utilizados para cualquier cosa".