BUENOS AIRES, 9 May. (Mario Poliak) -
A medida que pasan los días, el proyecto de Ley Bases que trata el plenario de comisiones del Senado tropieza con nuevas objeciones, por lo que se preanuncia que, una vez que sea, o no, aprobado, volverá a Diputados, la cámara de origen, en la que ya obtuvo media sanción.
De esa manera, el gobierno de Javier Milei podría llegar al Pacto de Mayo, al que convocó a los gobernadores y legisladores durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso, sin la sanción de la norma que había puesto como condición para el acto de firma, en la provincia de Córdoba.
El proyecto se trata de manera conjunta con otro referido al paquete fiscal, que es de especial interés no solo para el Ejecutivo Nacional sino también, y muy especialmente, para las provincias.
Por estos días, es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el que está en el centro del debate y de las diferencias. Asimismo, no es para nada seguro la aprobación en el paquete fiscal de la eliminación del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, que dispuso el ex ministro de Economía Sergio Massa en los últimos meses de su gestión.
Al Gobierno le queda la alternativa de ceder en algunas de sus pretensiones o avanzar hacia el Pacto del día 25 sin la ley sancionada. Tal vez tenga escondida alguna carta bajo la manga, como se rumorea, consiguiendo algunos votos peronistas que responden a los gobernadores más propensos a un acuerdo con la Rosada.
Dichas objeciones, que suman algo más que las señaladas, no solo parten de la oposición más dura de Unión por la Patria y el bloque de izquierda, sino también de varios legisladores del sector denominado "dialoguista".
En cuanto a la restitución de Ganancias, se le augura poca vida a la hora de ser votada "en particular". Si eso ocurriera, lo más probable es que el oficialismo aguarde hasta el próximo recambio legislativo, confiando en que incrementará su representación.
Los senadores menos proclives a firmar el dictamen de mayoría son Martín Lousteau y Pablo Blanco (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Edgardo Kieider (ex Frente de Todos).
Las reformas Laboral y de la Ley de Hidrocarburos, así como el blanqueo de capitales, también suscitan divergencias entre los legisladores dialoguistas.
"Se necesita más tiempo porque la ley, así como está, se puede caer en el recinto. Hay muchos puntos pendientes todavía y, si no hacen algunas concesiones, van a terminar volteando los artículos", estimó una senadora radical, el bloque que tiene "la llave" para la aprobación, o no, de ambas normativas.
Algunos gobernadores de ese partido, como el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Alfredo Cornejo, se movilizaron hace días hasta la cámara alta a pedirles a sus legisladores que acompañen las iniciativas del Ejecutivo.
Pero el principal escollo que tiene el proyecto es el RIGI, que otorga libre disponibilidad de divisas y exenciones impositivas por 30 años para las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares.
Por el lado del bloque de UP, el catamarqueño Guillermo Andrada y el sanjuanino Sergio Uñac estarían dispuestos a la aprobación del proyecto, pero las "bajas" de las bancadas de más cercanía con el oficialismo harían que al Gobierno no le alcancen con esos votos.
También está en disputa la eliminación de la moratoria previsional, dispuesto también por el anterior gobierno y que permite a las personas que no hicieron a tiempo sus aportes, poder acceder a una jubilación mínima.
Privatizaciones y facultades delegadas, especialmente este último punto, son otros de los capítulos que por estas horas se convirtieron en fuente de acaloradas discusiones en las tres comisiones que tienen a consideración los proyectos aprobados en Diputados.