BUENOS AIRES, 11 Jun. (Mario Poliak) -
A pesar del declamado optimismo de las principales espadas del oficialismo, la votación en el Senado de la Ley Bases, prevista para mañana, se presenta muy reñida en medio de una disputa voto a voto.
El Gobierno no puede cantar victoria y lograr que, por primera vez en seis meses que lleva de gestión, el Congreso le apruebe una ley que sale de la Casa Rosada. En este caso se juega mucho, no solo por el contenido de la norma sino, sobre todo, la confianza de los mercados, que hoy por hoy pende de un hilo, como muestra la caída de los bonos argentinos y el fuerte aumento del riesgo país.
Para asegurarse la sanción, aunque sea solo "en general", del proyecto, la administración libertaria debe contar con 37 votos, es decir, la mitad más uno de los miembros de la cámara alta, primero para conseguir el quórum que permita abrir el debate, y luego para su aprobación, antes de pasarse a la discusión "en particular" de la norma.
Solo el peronismo, la primera minoría en el Senado, cuenta con 33 votos que todo parece indicar que se inclinarán monolíticamente por rechazar la iniciativa del Ejecutivo que busca desregular una parte importante de la actividad económica, especialmente en lo que hace a las inversiones extranjeras a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
A ellos habría que sumar al senador radical Martín Lousteau, quien presentó un dictamen propio que, por supuesto, priorizará a la hora de la votación.
Por el lado del oficialismo, que conforman La Libertad Avanza, el PRO y otros bloques menores aliados, y gracias a las múltiples concesiones que el Gobierno debió realizar en las negociaciones previas, el conteo arroja hasta ahora un total de 35 voluntades.
De esta manera, el resultado dependerá de los tres senadores restantes que se manejan de manera autónoma e independiente: el radical Maximiliano Abad y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. Lo que no trascendió es el "peaje" que estarían dispuestos a "cobrar" para volcar la votación en uno u otro sentido.
El Gobierno quedaría definitivamente muy mal parado ante otra eventual derrota legislativa. Y aún cuando consiguiera una victoria, es una incógnita lo que podría ocurrir luego, durante el debate artículo por artículo.
En el mejor de los casos, de ser aprobado aun con las modificaciones ya acordadas con los "dialoguistas", el proyecto indefectiblemente deberá volver a la cámara originaria, es decir Diputados, para su definitiva sanción.
Y aquí es donde se presenta otra disyuntiva: Si las modificaciones establecidas al dictamen de Senadores fueran aprobadas con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los presentes, con esa misma proporción Diputados podría desconocer los cambios y convertir en ley el proyecto tal como salió de ese recinto.
En cambio, si la cámara alta las aprobara con mayoría especial de dos tercios, para que Diputados insista con "su" proyecto debería reunir esa misma cantidad de votos, algo impensado de poder alcanzar para el oficialismo.
De esa forma, el Gobierno debería contentarse con una eventual primera victoria parlamentaria, y aguardar a una mejor ocasión para imponer los artículos caídos durante la discusión con la oposición amigable.
Mientras tanto, el bloque peronista de la cámara alta logró dividir en dos la votación (Ley Bases por un lado y paquete fiscal por otro, pese a que se remitieron en un solo "combo").
Al no tratarse ambas iniciativas de manera conjunta, como pretendía el oficialismo, podría demorarse la definición de ambos proyectos, o de al menos uno de ellos, porque una vez aprobado, o no, el proyecto de Ley Bases, la sesión pasaría a cuarto intermedio y el oficialismo, quizás, podría correr el riesgo de perder el quórum una vez terminado el primer debate.