BUENOS AIRES, 22 Abr. (Mario Poliak) -
El Fondo de Inversión Burford, que le ganó un juicio en los tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de YPF, reclamó que el 51 por ciento de las acciones de la empresa en poder del Estado pasen a sus manos.
El pedido será analizado por la jueza Loretta Preska, quien dará su veredicto recién en junio. En caso de hacerlo a favor del grupo inversor y que Argentina no cumpla su decisión, el país estará en desacato con esa corte norteamericana.
Burford exige que pasen a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF. O sea, el 51% del paquete accionario de la empresa, como quedó establecido en la ley de renacionalización de la compañía petrolera.
En un fallo que data del año pasado, el Estado argentino fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares, una cifra que escapa a las posibilidades reales del país, que hasta el momento tampoco accedió a negociar con los demandantes una forma de compensación.
El juicio se inició hace más de nueve años y ahora está en proceso de apelación. La demanda fue presentada originalmente tras la expropiación llevada a cabo en 2012, cuando la mayor parte del paquete accionario estaba en manos de la española Repsol.
El reclamo de Burford, que en principio era secreto pero por pedido de la Argentina luego se hizo público, también incluye a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.
No obstante, Preska había decidido que las acciones del Estado Nacional podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros, pero no precisamente las asignadas a las provincias.
Por otra parte, la ley de expropiación establece que está prohibida la transferencia futura sin autorización del Congreso, votada por las 2/3 partes de sus miembros. Pero como Argentina nunca presentó avales por la cifra estipulada en el fallo de la magistrada, ello desencadenó un pedido de embargo y del traspaso de acciones.
A poco de asumir, el presidente Javier Milei confirmó que Argentina no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con la sentencia, aunque "sí tenemos la voluntad de pagar", según aclaró.
Para ello, propuso la creación de un nuevo impuesto que a manera de chicana lo bautizó "tasa Kicillof", en alusión al actual gobernador bonaerense e impulsor de la expropiación de YPF cuando se desempeñaba como viceministro de Economía, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.