BUENOS AIRES, 8 May. (Mario Poliak) -
Al equipo económico le surgió una nueva dificultad: En este caso, debido a que las empresas generadoras de energía rechazaron la oferta del ministro Luis Caputo de pagar las deudas del Estado con un bono en dólares.
Una resolución del Palacio de Hacienda de esta mañana ofrecía emitir títulos para saldar los compromisos impagos de diciembre y enero, pero la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) desestimó la propuesta, por considerarla "una violación al derecho de propiedad". El bono tiene vencimiento en 2038 y cotiza a 50% de paridad.
La deuda que el Estado mantiene con estas empresas es por unos $600.000 millones hasta enero (y a más de 1 billón de pesos si se suma a febrero, en tanto marzo está próximo a vencer) a través de Cammesa, compañía mayorista creada en 1992 por decreto del PEN, cuya función es operar el Sistema Argentino de Interconexión.
ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, en una fotografía de archivo. EFE/David Fernández
La entidad advirtió que sería la primera vez desde la creación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que el Gobierno modifica unilateralmente contratos de abastecimiento y agregó que "resulta una afectación de los derechos contractuales y una violación al derecho de propiedad privada".
La Resolución del Ministerio lleva el número 58/2024 y ya fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
La deuda con las empresas energéticas es, precisamente, uno de los puntos de los que se agarra la oposición para desmentir el anunciado superávit de 0.2% en las cuentas fiscales del primer trimestre, anunciado a través de la cadena nacional por el presidente Javier Milei.
Precisamente, el resultado fiscal financiero de la administración obtuvo un resultado positivo de 1,1 billón de pesos "base caja", un monto similar a la deuda acumulada por Cammesa.
En la nota enviada a Caputo, Adeera explicó que la resolución "impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores, con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales".
También insistió que la medida "afecta la seguridad jurídica en general y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad (...) en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento".
Particularmente, la cámara calificó de "inaceptable" la cancelación de la deuda de febrero, ya que Cammesa, dijo, dispone de fondos para hacer frente a los pagos por $550.000 millones.