BUENOS AIRES, 17 Abr. (Mario Poliak) -
El gobierno de Javier Milei ordenó a las empresas de medicina prepaga que den marcha atrás con los aumentos de las cuotas aplicadas desde diciembre, lo que contradice su política de "precios libres" de toda la economía.
Al mismo tiempo, se estableció que, durante los próximos seis meses solo podrán aplicar incrementos en función del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que difunde mensualmente el Indec.
El anuncio estuvo a cargo del vocero Manuel Adorni y alcanza al 75% de los afiliados a dichas empresas de salud privada. Además, precisó que se trata de una medida tomada en conjunto entre la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Salud, a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor.
Este organismo "determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país", según la información oficial.
Al respecto, Adorni, convertido ahora en secretario de Estado, dijo que "éste es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización".
El mecanismo de actualización por IPC no solo aplicará para las últimas cinco cuotas, sino también durante los próximos seis meses, aclaró el portavoz oficial.
"El gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la 'avivada' se terminó el 10 de diciembre", argumentó Adorni.
También informó que la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para que las empresas devuelvan dinero mal cobrado a sus clientes.
El vocero explicó además que las empresas "deberán aplicar como máximo" el IPC "para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses".
En las últimas semanas, el Gobierno venía manteniendo una fuerte polémica con las empresas de medicina prepaga a raíz de las quejas por los desmesurados aumentos en sus cuotas, muy por encima de la inflación.
Una vez concretada, la medida tomó por sorpresa a las empresas, quienes aseguraron que no participaron de ninguna negociación con el Gobierno y analizan la respuesta que adoptarán.
Desde el Gobierno se advierte que si bien las compañías pueden apelar, la resolución ya está en vigencia y su aplicación no cesa frente a una presentación ante cualquier organismo administrativo o la Justicia.
La decisión establece que el precio de la cuota deberá calcularse respecto del valor del mes de diciembre de 2023 multiplicada por la variación porcentual entre el Indice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Indice correspondiente a diciembre de 2023.
La medida preventiva, además, ordena "cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial".