Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha señalado en un reciente informe de fiscalización que en las conferencias sectoriales que mantuvieron Gobierno y comunidades autónomas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no se adoptó "ninguna decisión" respecto a la coordinación de este programa, que rondaba los 100.000 millones de euros entre transferencias y préstamos.
El Plan de Recuperación es un programa aprobado en 2021 por el cual España ha podido acceder a una contribución financiera procedente de Europa de hasta 102.560 millones de euros, de los cuales 79.854 millones han sido en forma de ayudas no reembolsables y 22.706 millones en forma de préstamos.
Muchos de los proyectos más importantes financiados con esos recursos, como es el caso de los Perte, han sido diseñados por la Administración central sin la participación directa de las comunidades autónomas.
Formaciones políticas como PNV y Esquerra Republicana (ERC) han reclamado en reiteradas ocasiones participar en el diseño de esos proyectos e incluso regionalizarlos. Sin embargo, el Gobierno desdeñaba esa invitación a descentralizar los fondos alegando que había una conferencia sectorial en la que la Administración central se reunía con las comunidades para coordinar los recursos.
El Tribunal de Cuentas ha analizado recientemente esa conferencia sectorial en un informe donde fiscalizaba el conjunto de órganos de gobernanza del Plan de Recuperación, y ha constatado que la coordinación del organismo, que presidía la ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de la que también formaban parte los consejeros autonómicos competentes en la materia, fue prácticamente nula.
CUATRO REUNIONES EN CINCO AÑOS CON CARÁCTER "INFORMATIVO"
En el informe de fiscalización, la institución dice que hasta enero de 2026 la conferencia se ha reunido en cuatro ocasiones, tres en 2021 y la última en junio de 2024.
En concreto, el Tribunal de Cuentas apunta que la primera reunión fue en enero de 2021 y sirvió para constituir la conferencia. La segunda reunión, en abril de ese año, fue para aprobar un reglamento interno de organización de la misma y la tercera, en agosto, para informar sobre el estado del Plan de Recuperación y los futuros pasos para su ejecución.
La conferencia no se volvió a reunir hasta tres años después, en junio de 2024, donde simplemente se presentó el diseño y funcionamiento del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA) por el ministro de Economía.
"NO HAY CONSTANCIA DE NINGUNA DECISIÓN"
"No hay constancia de que la Conferencia sectorial haya adoptado ninguna decisión (acuerdo o recomendación) respecto a la coordinación de la implementación del Plan", remarca el Tribunal de Cuentas en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press.
A renglón seguido, el documento relata que todas esas reuniones tuvieron un carácter "principalmente informativo" sobre el diseño del Plan de Recuperación.
Tampoco existe información respecto a la actividad de la Comisión de Coordinadores de Fondos Europeos, que es el órgano que debería haber apoyado a la conferencia en las labores de preparación y seguimiento de sus reuniones.
Con este panorama, el Tribunal de Cuentas ha reiterado una conclusión que ya ha expresado en otros informes de fiscalización, y es la de que la participación de las CCAA en la definición y ejecución del Plan de Recuperación exigía la adopción de acuerdos o recomendaciones formales entre el Estado y el resto de las administraciones implicadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.