MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades colombianas han salido al paso de las críticas por las condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) --el tribunal surgido de los acuerdos de La Habana de 2016-- a los últimos altos mandos de las disueltas FARC, después de que una parte de las víctimas hayan denunciado impunidad, entre ellas una de sus antiguas rehenes, Ingrid Betancourt.
En una histórica resolución judicial, la JEP condenó al antiguo secretariado de las FARC --entre ellos al líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'--, a ochos años de penas alternativas de prisión por el secuestro de unas 21.000 personas durante un conflicto armado interno que se prolongó 60 años.
El ministro de Justicia de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, ha expresado que entiende el malestar de las víctimas, "pero hay que entender que en La Habana se pactó un nuevo modelo, un modelo de justicia restaurativa que no implica penas privativas de la libertad", ha explicado.
Para uno de los jefes de la delegación del Gobierno en aquellas conversaciones de paz, Humberto de la Calle, que los antiguos líderes de la guerrilla hayan aceptado las condenas "es un hecho inédito en el mundo", si bien comprende también a quienes consideran que han salido impunes por aquellos hechos.
"Comprendo perfectamente que haya personas que piensen que aquí hay impunidad. Pero lo que tenemos que entender es que hay que hacer un balance entre justicia y paz. Se trataba de dar un paso para terminar una confrontación", ha reaccionado de esta manera de la Calle a la sentencia de la JEP a través de sus redes sociales.
De la Calle ha explicado que la decisión de las FARC de someterse al Estado y reconocer sus delitos, al mismo tiempo que trabajan para reparar a las víctimas "necesitaba una compensación". Se trata de un proceso que se debe analizar bajo el prisma de la justicia transicional, no ordinaria, ha remarcado.
Una de las víctimas que ha expresado su malestar ha sido la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC entre 2002 y 2008, para quien los condenados "no tenían derecho a beneficiarse de este tipo de sentencias".
"Ni siquiera hubo penas privativas de libertad. La sentencia aplica penitencias, ni siquiera condenas, y todo lo pueden hacer terceros contratados por ellos, sin ninguna contrición por los crímenes cometidos", ha reprochado en una entrevista para Blu Radio.