La denuncia presentada por la Fiscalía peruana acusaba además a un ex primer ministros y varios exministros
MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha aprobado el informe final que dispone archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra la presidenta del país, Dina Boluarte, y varios de sus exministros por las muertes registradas a causa de la represión de las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, que se saldaron con más de 60 muertos y miles de heridos.
La votación, retransmitida por el Congreso peruano a través de su cuenta en YouTube, se ha saldado con doce votos a favor del archivo y diez en contra, sin abstenciones.
"Ha sido aprobado el informe final de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En consecuencia, remítase al archivo la denuncia constitucional 509", ha señalado tras la votación el vicepresidente tercero del Congreso, Ilichi López, quien ha presidido la sesión.
Los hechos imputados se refieren a las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cuzco y Puno, así como en Lima, que dejaron al menos "75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas".
Sin embargo, el informe de la citada subcomisión determinó que no se había demostrado una relación directa por parte de los denunciados --entre los que figuraban también los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas, Vicente Romero y Jorge Chávez, además del ex primer ministro Pedro Angulo-- y la represión de las manifestaciones contra el Gobierno de Boluarte.
"No se ha acreditado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real", recoge el documento, ya archivado, según ha recogido el diario peruano 'El Comercio'. Así, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, sostuvo que "no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones".
La votación ha tenido lugar unas tres semanas después de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara suspender todas las investigaciones contra Boluarte hasta que finalice su mandato en julio de 2026, argumentando que las mismas "no están amparadas en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución", que resalta que los presidentes solo pueden ser acusados por traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento, así como el de los organismos electorales.
Boluarte está siendo investigada por cohecho en el marco del caso de los relojes de lujo Rolex no declarados, así como por las citadas protestas antigubernamentales, que estallaron a raíz de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo tras su intento por arrogarse más competencias.