Archivo - Miembros de las FARC-EP en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo de Colombia han expresado su rechazo a las restricciones anunciadas por el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para el ejercicio de sus labores en las zonas del país sudamericano que se encuentran bajo su control o en las que tienen presencia.
La coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, Mireia Villar, ha mostrado su "profunda preocupación y rechazo" ante "los recientes anuncios sobre posibles restricciones de acceso dirigidas a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo", según un comunicado publicado por la oficina del organismo en el país.
"Estas restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil, y limitan la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y de brindar asistencia esencial de manera oportuna", ha señalado.
Así, ha resaltado que "las organizaciones humanitarias se rigen por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", antes de subrayar que el respeto de estos principios es "fundamental" para "evitar confusiones que puedan derivar en restricciones al acceso, aumentando el riesgo tanto para la población civil como para el personal humanitario en terreno".
"La labor humanitaria se centra exclusivamente en responder a las necesidades más urgentes de las comunidades, contribuyendo a su bienestar y protección", ha defendido Villar, que ha pedido "respetar plenamente el espacio humanitario y a garantizar un acceso seguro, oportuno y sin restricciones para todas las instituciones que, en adherencia con estos estándares, trabajan en favor de la población civil".
En esta línea, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, encabezada por Scott Campbell, ha mostrado igualmente su "profunda preocupación" por las restricciones y ha argumentado que las organizaciones afectadas por las medidas "contribuyen a la prevención y protección de la población civil". "Impedir su accionar limita los derechos de la población civil", ha alertado.
"Reiteramos nuestra exhortación a todo grupo armado no estatal a respetar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario, lo que incluye la obligación de respetar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, incluyendo de todos los funcionarios civiles del Estado y toda persona que integre organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en zonas de conflicto", ha apuntado en un comunicado publicado en sus redes sociales
Asimismo, ha hecho hincapié en "la importancia de garantizar el acceso a la justicia con relación a toda presunta violación o vulneración de los Derechos Humanos ocurridos en el contexto de conflicto".
LA OEA RECHAZA LOS "SEÑALAMIENTOS" DEL EMC
A las críticas se ha sumado la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que ha reseñado en un comunicado que "rechaza los comunicados que buscan restringir el apoyo y acompañamiento que brindan en las regiones" los citados organismos. Además, ha desmentido "los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor."
La misión ha recalcado que durante sus 22 años de operaciones ha trabajado junto a "comunidades, víctimas y población vulnerable en los territorios más afectados por la violencia y el conflicto armado, desarrollando su mandato sin restricciones gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales en su función institucional".
"Las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos", ha advertido, antes de pedir que se respete el Derecho Internacional y no se "interfiera" en las labores de los organismos internacionales".
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha lamentado el anuncio de las disidencias y ha insistido en que este paso "vulnera el Derecho Internacional Humanitario, ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad".
"Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento", ha explicado el organismo a través de un comunicado.
"Restringir a la Defensoría del Pueblo no solo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades. Asimismo, preocupa a la entidad el intento por deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de sus funcionarias, funcionarios, colaboradores y colaboradoras, quienes, incluso en contextos adversos, desarrollan un trabajo técnico, humano y riguroso orientado a velar por el ejercicio de los Derechos Humanos y el respeto de la dignidad humana", ha lamentado.
De esta forma, ha asegurado que sus labores son "imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la protección de la naturaleza", por lo que ha afirmado que "mantiene su compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado" y que "continúa en plena disposición de seguir adelantando su labor humanitaria".
LAS RESTRICCIONES ANUNCIADAS POR EL EMC
El Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo publicó el miércoles un comunicado en el que señalaba que daba por "restringido" el ingreso de dichas misiones a los territorios donde desarrollan su "acción política y militar".
Tal medida, remarcaba el EMC, dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', obedece a "graves violaciones de confianza y neutralidad" porque, aseguraban, "acciones humanitarias y de verificación" habían "sido utilizadas para obtener información" de sus posesiones, "facilitando operaciones militares" en su "contra".
"La Defensoría ha emitido alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las FARC-EP y convirtiéndose en la justificación de operativos militares", anotó el comunicado avanzando que, en adelante, "solo mantendrán misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC)", en tanto en cuanto, matizaron, garanticen "neutralidad absoluta, secreto y confidencialidad".