Archivo - February 8, 2024, Cali, Valle Del Cauca, Colombia: Colombians demonstrate with signs and flags during a protest demanding Colombia's Supreme Court to elect the countries new attorney general in Cali, Colombia, February 8, 2024. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo
MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha anunciado este jueves el cierre de tres oficinas de Derechos Humanos en Colombia por una crisis de liquidez que ha hecho disminuir la capacidad de la organización desde julio de 2023, sumada a una pronunciada caída en las donaciones durante este año.
"En 2025, se han registrado la finalización o significativa reducción de contribuciones financieras de algunos donantes. Como consecuencia, en los próximos tres meses tendremos que cerrar tres Oficinas de terreno --Medellín, Neiva y Villavicencio-- que cubren ocho departamentos, y prescindir de casi la mitad del personal (46 profesionales)", ha afirmado la directora de Operaciones Globales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Maarit Kohonen Sheriff.
La reducción ocurre, además, "cuando la contribución de la Oficina a la prevención de la violencia es más necesaria que nunca", ha señalado Kohonen, que ha subrayado que la reducción de la protección en áreas donde la presencia de actores armados no estatales representa una amenaza para los activistas y defensores de Derechos Humanos.
"Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para garantizar el apoyo adecuado a la Oficina del Alto Comisionada, para continuar desempeñando el papel único y esencial de acompañamiento y asesoría técnica en Colombia, especialmente ante las restricciones presupuestarias actuales", ha reclamado la responsable departamental de Naciones Unidas.
El recorte ha sido anunciado en el marco de la presentación del último informe de la oficina sobre Colombia, donde ha urgido a reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmado en 2016. Además, el documento recalca la necesidad de priorizar una reforma profunda de la Policía Nacional y la legislación sobre inteligencia, para que se ajusten a los estándares internacionales de Derechos Humanos.