MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Colombia ha confirmado este jueves en segunda instancia la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó a finales de agosto la libertad del expresidente Álvaro Uribe hasta que se resuelva su recurso contra una condena de doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos y fraude procesal.
"El buen comportamiento del procesado durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad. Además, como en el proceso penal ya se superó la fase probatoria, el riesgo de afectación de la verdad o manipulación de las pruebas lo calificó de inexistente", reza la resolución de la Sala de Casación Penal del Supremo.
El dictamen del Tribunal Superior de Bogotá y el consiguiente del Supremo responden a la orden de la jueza del Circuito 44 de la capital clolombiana Sandra Heredia, que, tras otorgar al exmandatario prisión domiciliaria, ordenó su captura inmediata para iniciar el cumplimiento de la sanción antes de la resolución de posibles apelaciones: "un mecanismo de defensa que le brinda la posibilidad al acusado de cuestionar todas las decisiones adoptadas en la sentencia, ya sean principales o accesorias, entre ellas, la orden de captura", según ha recordado el Supremo.
En consecuencia, el Tribunal ha decidido confirmar "el amparo del derecho a la libertad de Álvaro Uribe Vélez, tras verificarse que las razones expuestas por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para restringir su libertad de manera inmediata no colman un estándar de motivación constitucionalmente admisible".
El exmandatario fue condenado en agosto por instigar a emisarios suyos a que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las prisiones colombianas para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.