March 23, 2026, Rome, Rome, Italy: Prime Minister Giorgia Meloni votes in the constitutional referendum on justice. Rome, March 23rd 2026 - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia
MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de un 54% de los ciudadanos italianos ha votado en contra de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el marco del referéndum celebrado durante dos días en el país europeo, según resultados preliminares.
Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior italiano, un 54,54% de los ciudadanos rechaza la reforma judicial frente a un 45,69% que apoya la iniciativa con la mitad de los votos escrutados, siendo la tasa de participación del 58,51% los dos días de consulta popular.
Los colegios electorales han cerrado este lunes sobre las 15.00 horas (hora local) tras dos días de votación. La pregunta que han tenido que responder los ciudadanos italianos alude a una reforma de los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110 de la Constitución.
La reforma, extremadamente compleja y con aspectos muy técnicos, plantea, a rasgos generales, separar las carreras de jueces y fiscales en dos órganos distintos, con dos consejos superiores de la judicatura separados, que funcionen de forma autónoma, y un nuevo órgano disciplinario común para los magistrados.
Uno de los puntos más controvertidos es que algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura --formado por 33 miembros, 20 de los cuales son elegidos por los propios magistrados y otros diez por el Parlamento-- sean seleccionados por sorteo, un mecanismo defendido por el Gobierno para poner fin al llamado "faccionalismo".
Detractores de la medida defienden que el sorteo eliminaría la representatividad sin garantizar imparcialidad, produciéndose así una fuerte asimetría entre los cargos elegidos por el Parlamento y aquellos elegidos por los magistrados, que no tendrán legitimidad y serán más susceptibles a influencias políticas.
La oposición asegura además que la separación de carreras es un problema inexistente, puesto que el cambio de un cargo a otro solo se permite una vez y durante los primeros diez años de carrera, con la condición de trasladarse a otro distrito judicial o región a fin de garantizar la imparcialidad.
Por otro lado, convertir a los fiscales en un organismo independiente --regulado por su propio consejo superior-- conllevaría, a juicio de sus detractores, el riesgo de alejarles de una cultura profesional compartida con los jueces y podría convertirles así en figuras más parecidas a agentes de policía, dando paso a una lógica de resultados, con preferencia por lograr más detenciones y condenas.
La medida tampoco logra mitigar las ineficiencias del sistema judicial, según afirma la oposición, puesto que multiplica los costes y la burocracia, asignando las mismas funciones que realiza un solo organismo a tres diferentes.
La oposición a Meloni también plantea dudas sobre la convocatoria de referéndum, puesto que si el Gobierno hubiese querido intervenir para separar las carreras judiciales, hubiera bastado con plantear una ley ordinaria. La consulta, además, es un referéndum confirmatorio en el que no se necesita alcanzar ningún quórum para que sea válido.
La legislación --planteada por Silvio Berlusconi durante su mandato como primer ministro en el contexto del escándalo de 'Manos Limpias'-- ya fue aprobada por el Parlamento en octubre de 2025, si bien al ser una reforma constitucional debía aprobarse por consulta popular al no conseguir dos tercios en la Cámara.