Publicado 25/07/2025 07:50

Ucrania.- El Parlamento de Ucrania debatirá enmiendas a la ley que limita las oficinas anticorrupción tras las críticas

Archivo - FILED - 16 October 2024, Ukraine, Kiev: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a plenary session of the Ukrainian Parliament. The Ukrainian parliament has authorized the purchase of two Soviet-designed nuclear reactors from Bulgari
Archivo - FILED - 16 October 2024, Ukraine, Kiev: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a plenary session of the Ukrainian Parliament. The Ukrainian parliament has authorized the purchase of two Soviet-designed nuclear reactors from Bulgari - -/Ukrainian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha fijado para el 31 de julio el debate de las enmiendas presidenciales a la ley aprobada esta semana que limita las capacidades de las dos oficinas independientes anticorrupción, después de las críticas de la ciudadanía, pero también de la UE y organizaciones civiles.

El presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, ha informado de la fecha este viernes en una breve nota en la que ha recalcado que propondrá "que se apruebe inmediatamente" el nuevo texto "en su totalidad" para "su firma inmediata".

El martes, el Parlamento aprobó una ley con la que limitaba la autonomía de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), que Zelenski sancionó un día después a pesar de la críticas e insistiendo en que la nueva norma tenía como objetivo impedir la injerencia de Rusia.

Sin embargo, finalmente, y ante las advertencias de Bruselas de que la nueva norma podía dificultar el camino de Ucrania hacia Europa, el presidente Zelenski presentó este jueves un nuevo proyecto con el que intentar arreglar el anterior.

La controvertida ley salió adelante en medio de una serie de redadas a gran escala en las sedes de ambas agencias, que se saldaron además con la detención de algunos de sus funcionarios por sospechas de filtración a Rusia.

Con ella se otorgaba mayores poderes a la Fiscalía General, que pasaría a decidir sobre los casos que investigara la NABU, principalmente encargada de procesos de corrupción entre las altas esferas, además de reducir las capacidades de la SAPO, encargada de judicializar estas investigaciones.

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